Un reciente análisis del Pew Research Center, basado en datos preliminares del Censo, reveló que entre enero y julio de 2025, Estados Unidos perdió alrededor de 1.2 millones de trabajadores migrantes, tanto regulares como indocumentados. Los expertos señalan que las políticas migratorias de la administración Trump impactaron directamente en este ciclo laboral.
Los sectores más afectados son aquellos con alta dependencia de mano de obra extranjera: el 45% del personal agrícola, el 30% de la construcción y el 24% de servicios domésticos corresponden a migrantes. Esta escasez, alertan, amenaza con paralizar cosechas, detener proyectos de construcción y reducir jornadas de atención en el hogar.
En su defensa, la administración Trump afirmó que las medidas buscaban deportar únicamente a migrantes con antecedentes criminales; sin embargo, documentos denuncian que la mayoría de los detenidos no tenían historial penal, lo que genera preocupación en comunidades y empresas. Mientras tanto, algunos colegios rurales reportan retrasos en proyectos y pérdidas de cultivos por falta de trabajadores.
Este quiebre en la fuerza de trabajo ofrece un panorama claro: la economía estadounidense no puede reajustar rápidamente la pérdida de migrantes en el corto plazo; muchas labores críticas exigen experiencia y alto compromiso, difícil de sustituir de golpe. Por ahora, incluso con tasas de desempleo estables, falta personal para mantener servicios esenciales.
Lo que viene ahora es clave: de no revertirse estas políticas, se puede profundizar la crisis laboral y económica. Y aunque la administración rechaza que la migración regular sea una salida inmediata, organizaciones sociales piden que se reconozca la urgencia de proteger procesos humanos y no solo estadísticas.
