Un revelador informe de REDODEM (Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes) confirmó que en 2024 el 62.7% de las agresiones contra personas migrantes fueron perpetradas por grupos armados, desplazando a las autoridades migratorias y policiales, que en 2023 concentraban la mayoría de los reportes de violencia física.
En ese mismo periodo, los ingresos a albergues aliados disminuyeron notablemente: en 2024 se registraron 37,999 ingresos, comparados con los 53,435 en 2023, una caída sostenida desde marzo
Sin embargo, esta disminución no es señal de mayor seguridad, sino de restricciones crecientes en las rutas, que impiden el acceso a espacios seguros incluso cuando existen necesidades humanitarias urgentes.
Los perfiles de quienes transitan por México también reflejan dinámicas cambiantes. En 2024, los principales países de origen fueron Honduras, Venezuela y Guatemala, con un grupo mayoritario de adultos entre 31 y 59 años (40%), la mayoría hombres. Las motivaciones también difieren por género: para los hombres, el empuje principal fue socioeconómico (72%), mientras que para las mujeres, la violencia fuera del hogar fue la causa más citada (60.4%).
Los riesgos son claros y regionalizados: Chiapas encabeza los reportes de violencia (49.1%), seguido por la Ciudad de México y Sinaloa. Las víctimas enfrentan extorsiones, secuestros, robos y agresiones físicas; delitos que se intensifican no solo por el crimen organizado, sino también por la impunidad institucional que permite que estas dinámicas persistan.
El informe REDODEM alerta que, aunque disminuyó el flujo en los albergues, el peligro no cedió. El tránsito migratorio se vuelve cada vez más letal y menos protegido. Es urgente que la migración se aborde como una cuestión de derechos, no solo como control o contención. Las personas en tránsito no son cifras: son seres vulnerables que requieren protección humana, no muros, retenes o indiferencia.
