En Guanajuato, la situación de los menores migrantes ha tomado un giro preocupante. Entre enero y agosto de 2025, 857 niños y adolescentes fueron detenidos tras intentar cruzar hacia Estados Unidos, muchos de ellos permaneciendo hasta 72 horas bajo custodia antes de ser deportados, de acuerdo con Lolita Aviña, presidenta de la Asociación Guanajuatense en Texas. Este tiempo de retención se da en medio de las redadas intensificadas bajo la actual administración estadounidense.
Según Aviña, se estima que 95 menores guanajuatenses enfrentan este proceso cada mes. La prolongación de estas detenciones genera un fuerte impacto emocional, además de exponerlos a entornos que pueden ser hostiles o inseguros. Muchos de ellos viajan sin compañía de adultos, lo que los coloca en mayor vulnerabilidad durante su tránsito y detención.
La reunificación familiar es uno de los principales motivos detrás de estos viajes. Niños y adolescentes emprenden la ruta migratoria buscando reencontrarse con padres, madres u otros familiares que ya se encuentran en Estados Unidos, dejando atrás hogares fragmentados por la separación y la falta de redes de apoyo.
El número de menores deportados ha mostrado un incremento constante en los últimos años. En 2018, se registraron 632 casos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 2,349, lo que representa un crecimiento del 18.6%. Estos datos reflejan no solo el aumento del flujo migratorio, sino también la complejidad de las condiciones socioeconómicas que impulsan la migración infantil.
En la mayoría de los casos, el Instituto Nacional de Migración coordina el retorno de estos menores a sus comunidades de origen, acompañado por trabajadores sociales que buscan garantizar su integridad durante el proceso. Sin embargo, el desafío sigue siendo ofrecer mecanismos de protección efectivos y procesos que reduzcan el impacto psicológico y físico que estas detenciones pueden causar.
La situación evidencia la necesidad de revisar los protocolos relacionados con la detención y deportación de menores migrantes. Garantizar que estos procesos se lleven a cabo de manera segura, humana y respetando los derechos fundamentales de los niños debe ser una prioridad para todas las instituciones involucradas, tanto en México como en Estados Unidos.
