En los últimos meses, la administración de Donald Trump ha reforzado la popularidad de una alternativa migratoria que permite a ciudadanos mexicanos ingresar a Estados Unidos sin visa tradicional ni pasaporte, siempre y cuando cuenten con la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC, por sus siglas en inglés), conocida coloquialmente como “visa láser”.
Este documento facilita los cruces frecuentes para quienes residen cerca de la frontera, agilizando inspecciones y viajes por tierra o mar. Con él, los mexicanos pueden permanecer hasta 30 días en regiones fronterizas definidas, sin necesidad de presentar la visa B1/B2 tradicional. Además, la BCC suele tener vigencia de 10 años para adultos, salvo en algunos casos especiales con menores.
Para obtenerla, los solicitantes deben cumplir los requisitos equivalentes a los de las visas de no inmigrante B1/B2: tener un pasaporte válido (en algunos casos), demostrar vínculos con México que certifiquen la intención de regresar, completar formularios como el denominado DSP-150 y pagar tarifas que rondan los 185 dólares para mayores de 15 años. Los menores pagan una tarifa reducida, aproximadamente 15 dólares, cuando califican para exención parcial.
Aunque la BCC brinda una vía menos costosa y más ágil para muchos viajeros, tiene restricciones importantes. No autoriza empleo y su uso está limitado a estancias temporales —normalmente de hasta un mes— en zonas fronterizas; para quedarse más allá de lo permitido, viajar a otras regiones del país o cruzar por aire, se requieren procesos adicionales como obtener el Formulario I-94 o cumplir con procedimientos biométricos.
El impacto humano de esta medida es doble. Por un lado, comunidades fronterizas ven una ventaja concreta: negocios, visitas familiares, compras o trámites cotidianos podrían hacerse con menos barreras. Por otro, existen riesgos reales: quienes viven en regiones remotas, sin pasaporte vigente, sin recursos para cubrir tarifas o sin suficiente respaldo documental podrían quedar fuera. Además, la variabilidad en la interpretación de los requisitos fronterizos puede generar rechazos arbitrarios, demoras o pérdidas económicas.
En conclusión, la “visa láser” o Tarjeta de Cruce Fronterizo representa una respuesta parcial a las urgencias migratorias entre México y Estados Unidos: abre oportunidades reales para muchos, pero no soluciona las profundas brechas que enfrentan quienes migran por necesidad, no solo por visita o tránsito. La medida reduce barreras, sí, pero también evidencia que sin políticas más amplias —que integren derechos laborales, posibilidades de asilo, apoyos legales y transparencia—, numerosas personas seguirán expuestas a incertidumbres, riesgos fronterizos y exclusiones. Lo que está en juego no es solo un permiso temporal, sino quién tiene acceso real a migrar con seguridad y dignidad.
