Organizaciones denuncian violaciones a los derechos humanos de los solicitantes de permisos de tránsito o asilo.
Miles de migrantes hacinados en las calles. Caravanas de personas que siguen llegando a pie desde Centroamérica. Oficinas migratorias cerradas de improviso. Funcionarios que prometen falsos permisos y logran regresar, con engaños, a los migrantes a la frontera. Protestas. Incertidumbre.
Este es el panorama que se vive en Tapachula, Chiapas, la principal ciudad de ingreso a México desde la frontera con Guatemala que en los últimos años se ha convertido en un tapón para los migrantes que aspiran a llegar a EE.UU., su destino final, y que desde el viernes pasado enfrentan otro escenario legal.
Ese día, la creciente crisis migratoria sumó un nuevo capítulo con el fin del Título 42, la medida que EE.UU. impuso en 2020 para cerrar sus fronteras con el pretexto de la pandemia de coronavirus pero que, en realidad, usó para violar leyes locales e impedirles a los migrantes su derecho a solicitar asilo.
Durante sus tres años de vigencia, esta estrategia permitió más de 2,6 millones de deportaciones exprés. A pesar de las restricciones, las expulsiones, los maltratos y los riesgos, la migración masiva jamás se detuvo.
Cuando se confirmó que el Título 42 terminaría el 11 de mayo, se generó un clima de confusión en el que muchos migrantes indocumentados creyeron que ahora sería más fácil entrar a EE.UU., ya que así lo aseguraban los traficantes de personas.
Las autoridades de ambos países insistieron en que, por el contrario, las restricciones se endurecerían. Pero los migrantes siguen llegando por miles.
Engaños
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Tapachula estiman que, desde el año pasado en esta ciudad hay, por lo menos, 50.000 migrantes varados. Son hombres y mujeres solos, en pareja, en familia, con amigos, que están a la espera de poder seguir su ruta a la frontera norte.
Muchos de ellos hacen filas durante días en las oficinas migratorias mexicanas con la esperanza de recibir un permiso de tránsito, visas humanitarias o de trabajo y el estatus de refugiado.
El jueves por la noche, minutos antes de que venciera el Título 42, en el Centro Especial de Atención a Migrantes en Tapachula, los empleados les dijeron a los migrantes que deshicieran la fila y que ya no los atenderían porque cerrarían por tareas de mantenimiento.
Primero pensaron que las supuestas labores durarían algunas horas, pero luego se enteraron de que se trataba de un cierre definitivo, lo que desencadenó protestas que de nada sirvieron, ya que la situación para los migrantes empeoró.
El pasado viernes, el canciller Marcelo Ebrard informó que ya no se otorgaría ningún formato migratorio de ningún tipo a los migrantes, en particular los que antes autorizaban su tránsito por México.
Sin embargo, el diario La Jornada comprobó a través de una serie de videos que trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) engañan a los migrantes ofreciéndoles documentos con los que supuestamente podrán permanecer en el país.
Una vez que los convencen, los suben a autobuses o camionetas que los regresan al extremo sur de la frontera, de donde ya será casi imposible avanzar. Otros son llevados a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, en donde se les informa que deben abandonar el territorio nacional.
Preocupación
El colectivo de Monitoreo Frontera Sur, conformado por decenas de organizaciones civiles, advirtió el fin de semana que, a partir del fin del Título 42, han documentado múltiples violaciones a los derechos humanos.
El desmontaje de las carpas en donde se entregaban las formas migratorias múltiples, el traslado forzoso de migrantes que requieren protección internacional, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas, y la falta de comida y agua son apenas algunas de las anomalías denunciadas.
“A algunas personas se les entregan oficios de salida con plazos establecidos por el INM para abandonar el territorio nacional (…) Los oficios de salida no incluyen la leyenda que arbitrariamente se ha incluido en otras ocasiones para la salida por la frontera sur más cercana”, señalaron en un comunicado.
También explicaron que los tiempos de espera para acceder a estos documentos son largos y que las personas no pueden bajar de los autobuses estacionados al sol y con altas temperaturas hasta que lo autoricen funcionarios del INM.
“Pasaron horas hasta que las personas tuvieron acceso a hidratación y alimentos”, agregaron al recordar que las políticas, algunas de ellas contradictorias, anuncias por México y EE.UU., afectan a miles de inmigrantes.
“Este vaivén de políticas, decisiones y declaraciones tiene impactos inmediatos y directos en personas que ven afectada su integridad física y emocional, así como violados sus derechos de manera sistemática”, acusaron.
