En un giro reciente de las políticas migratorias de Estados Unidos, cinco individuos de distintas nacionalidades fueron deportados a Esuatini, una monarquía absoluta en África. Este movimiento sigue a una decisión judicial que permite a EE. UU. enviar migrantes a países ajenos a su lugar de origen.
Los deportados, descritos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como “extranjeros ilegales delincuentes”, incluyen a un cubano junto con ciudadanos de Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen. Todos ellos habían sido condenados por una variedad de delitos graves, que iban desde crímenes mayores hasta asesinato.
La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que “este vuelo transportaba a individuos tan singularmente bárbaros que sus países de origen se negaron a acogerlos de nuevo”.
El gobierno de Esuatini ha confirmado la llegada de estas personas, indicando que están bajo custodia en unidades aisladas, sin representar una amenaza para el país. Se espera la colaboración con la agencia de inmigración de las Naciones Unidas para gestionar su posible tránsito a sus países de origen.
Esta no es la primera vez que EE. UU. realiza deportaciones de este tipo. A principios de este mes, ocho migrantes, incluyendo dos cubanos y un mexicano, fueron enviados a Sudán del Sur bajo circunstancias similares. Estas acciones reflejan una política del gobierno estadounidense de buscar destinos alternativos para migrantes con antecedentes penales que no son aceptados por sus naciones de origen.
Entre los deportados a Esuatini, el ciudadano cubano había sido sentenciado por múltiples delitos, incluyendo asesinato en primer grado, y era presuntamente miembro de una banda. Los demás individuos también enfrentaban condenas por crímenes graves como violación de menores y violencia.
Las negociaciones para que terceros países acojan a deportados de EE. UU. se extienden a naciones como Ruanda, Benín, Angola, Guinea Ecuatorial y Moldavia, además de El Salvador y Costa Rica, donde ya se han realizado deportaciones.
Esta situación subraya una fase compleja en las deportaciones, donde el destino final de un migrante con historial delictivo puede ser un país sin vínculos previos con él.
