El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que impone una tarifa de $100,000 por solicitud de visa H-1B, destinada a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. Además, se ordenó una revisión de los niveles salariales asociados a este programa, con el objetivo de evitar que las empresas utilicen estas visas para contratar a trabajadores extranjeros a salarios inferiores a los de los estadounidenses.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, respaldó la medida, afirmando que “nuestra política es que dejen de traer gente para quitarnos el trabajo”. Esta postura refleja una creciente preocupación por la competencia laboral y la seguridad nacional relacionada con la inmigración.
La industria tecnológica, que históricamente ha dependido del programa H-1B para cubrir vacantes en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y desarrollo de software, podría verse significativamente afectada. Empresas como Amazon, IBM, Microsoft y Google han utilizado este programa para contratar talento extranjero altamente cualificado. La nueva tarifa podría disuadir a muchas de estas empresas de seguir utilizando el programa.
Actualmente, el programa H-1B permite la emisión de hasta 65,000 visas anuales, con 20,000 adicionales para trabajadores con títulos de posgrado obtenidos en EE. UU. Sin embargo, la demanda supera con creces esta oferta, lo que ha llevado a un proceso de selección por sorteo. En 2023, se aprobaron aproximadamente 400,000 solicitudes, en su mayoría renovaciones.
Esta medida se enmarca dentro de una serie de políticas migratorias implementadas por la administración Trump, que incluyen aumentos en las tarifas de permisos de trabajo, solicitudes de asilo y protecciones humanitarias. Estas políticas han generado preocupación entre sectores que dependen de la mano de obra extranjera cualificada.
En conclusión, la imposición de esta tarifa podría tener repercusiones significativas en la capacidad de EE. UU. para atraer y retener talento extranjero en sectores clave. Mientras que la administración argumenta que se busca proteger los empleos nacionales, expertos advierten que esta medida podría resultar en una escasez de profesionales en áreas críticas para la innovación y el crecimiento económico.
