En Ciudad Juárez, Chihuahua, se está construyendo una estructura imponente conocida como la Torre Centinela, núcleo visible de un ambicioso proyecto de seguridad llamado “Plataforma Centinela”. El estado ha anunciado que este sistema masivo incluirá casi 10,000 cámaras, lectores de matrículas de vehículos y reconocimiento facial. La gobernadora Maru Campos ha ofrecido que los datos recopilados se compartan con autoridades federales en México, así como con el estado de Texas.
La obra comenzó en 2022 y al momento del reporte estaba completada en alrededor del 75 %. La empresa encargada es Seguritech Privada SA de CV. Funciona con inteligencia artificial, con alcance extendido por todo el estado de Chihuahua, no solo en Juárez, para monitorear tanto tránsito vehicular como actividad sospechosa.
Para establecer el alcance de la cooperación binacional, se menciona que parte de la intención es “apaciguar” las demandas de seguridad del estado de Texas, cuyos gobernantes han exigido inspecciones más estrictas a los vehículos comerciales procedentes de México. Chihuahua ha presentado este sistema como un plan de seguridad fronteriza reforzada, calificándolo como uno de los más ambiciosos para el control de migración en la zona.
Sin embargo, el proyecto ya provoca inquietudes entre organismos civiles. Las principales preocupaciones giran en torno al derecho a la privacidad, la posible identificación incorrecta mediante reconocimiento facial, y el uso de la vigilancia para actos arbitrarios o deportaciones no debidamente justificadas. También hay alertas de que esta tecnología podría ser usada de forma indebida por grupos corruptos si no hay supervisión clara.
Desde la perspectiva humanitaria, quienes migran o transitan por la frontera advierten que esta clase de vigilancia puede aumentar sus riesgos: al ser reconocidos en cámaras o bases de datos biométricos, quienes carecen de papeles pueden quedar expuestos ante detenciones, extorsiones o incluso deportaciones automáticas sin acceso real a representación legal.
Aunque el estado señala que este sistema es parte de medidas de seguridad legítimas, organizaciones defensoras de derechos humanos llaman a que haya transparencia en los contratos, mecanismos de supervisión independientes, y garantías de que no se afecten derechos fundamentales, especialmente de migrantes.
