La Administración de Donald Trump está lista para implementar una estrategia drástica contra los migrantes con órdenes de deportación. En un plan que podría afectar a casi 1,4 millones de personas, el gobierno de Estados Unidos planea imponer multas de hasta 998 dólares por día a aquellos que no abandonen el país como se les ha ordenado. Si la sanción no se paga, las autoridades podrían ir aún más lejos, confiscando propiedades y activos de los migrantes. Este enfoque, que busca poner presión económica sobre aquellos que desafían las órdenes de deportación, se aplicará de forma retroactiva durante un máximo de cinco años, lo que podría generar penalidades de más de un millón de dólares para cada migrante afectado.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya ha advertido sobre estas severas multas a través de un mensaje publicado en redes sociales a finales de marzo. En dicho post, el gobierno instaba a los migrantes a “autodeportarse” usando la aplicación CBP Home (anteriormente conocida como CBP One), que ahora permite a los migrantes entregar sus datos personales a las autoridades y abandonar el país de manera voluntaria. La publicación dejó claro que aquellos que no optaran por esta vía se enfrentarían a sanciones severas, incluyendo las mencionadas multas diarias de 998 dólares y otras más altas para quienes no cumplieran sus promesas de autodeportación.
Según reportes de Reuters, este nuevo régimen de sanciones no es solo una amenaza vacía, sino un plan confirmado por la Casa Blanca. A través de correos electrónicos y documentos internos obtenidos por la agencia, se ha confirmado que el gobierno de Trump está presionando al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) para gestionar la confiscación de bienes y la venta de activos de los migrantes que no paguen las multas. Las autoridades también están considerando la opción de usar la división de confiscación de activos civiles del Departamento de Justicia para llevar a cabo estas acciones.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, no dudó en reiterar que quienes no se autodeporten de acuerdo con las instrucciones del gobierno enfrentarán las consecuencias, y que la multa diaria de 998 dólares será aplicada sin excepción. McLaughlin aseguró que esta medida se encuentra dentro del marco legal, amparada por una ley de hace tres décadas que ya había sido utilizada por Trump en su primer mandato. La normativa, parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, permite imponer una multa civil de hasta 500 dólares por día a los migrantes que no cumplan con la orden de salida del país.
Este tipo de sanciones no es una novedad total para el gobierno de Trump. En 2019, el expresidente ya usó esta ley para imponer multas millonarias a migrantes que se refugiaron en iglesias, lugares considerados “sensibles” para la detención. En esa ocasión, los montos de las multas fueron tan altos como 500,000 dólares para algunos, aunque más tarde la Administración decidió reducir estas penalidades. Ahora, con el regreso de estas medidas, Trump busca llevar las sanciones a un nivel aún más extremo, con consecuencias económicas devastadoras para quienes no abandonen el país.
Sin embargo, la implementación de estas multas millonarias no está exenta de desafíos logísticos. Según un memorando revisado por Reuters, el CBP no tiene la capacidad suficiente para gestionar las sanciones y las confiscaciones de bienes, lo que podría requerir la contratación de más de 1,000 paralegales solo para administrar el proceso. La administración de estas sanciones podría generar costes significativos, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad y viabilidad de la propuesta.
Pero lo más alarmante de este plan es su impacto potencial en los hogares de estatus mixto, aquellos donde conviven migrantes indocumentados con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Organizaciones pro migrantes advierten que hasta 10 millones de personas podrían verse afectadas, empujando a muchas de ellas a situaciones de pobreza extrema. Un estudio de 2016 ya reveló que estos hogares tienen un 39% más de probabilidades de enfrentar dificultades económicas que los hogares de ciudadanos estadounidenses, y las multas de Trump podrían agravar aún más esta situación.
En resumen, la administración Trump está a punto de poner en marcha un plan radical que impactará profundamente tanto a los migrantes como a los hogares que dependen de su bienestar. Con multas altísimas, confiscación de bienes y un proceso de autodeportación bajo amenaza, el gobierno busca ejercer una presión sin precedentes. Lo que está claro es que este giro en la política migratoria de Trump podría redefinir el panorama para los migrantes en Estados Unidos en los próximos años.
