Una decisión judicial trajo alivio a miles de familias migrantes. Un tribunal de California extendió hasta noviembre de 2025 el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60 mil personas originarias de Honduras, Nicaragua y Nepal que viven en Estados Unidos.
Esta medida evita, por ahora, la deportación de unos 51 mil hondureños, 3 mil nicaragüenses y 7 mil nepalíes, cuyo permiso de residencia y trabajo iba a expirar entre agosto y septiembre de este año.
La jueza federal Trina L. Thompson fue quien tomó la decisión este jueves, tras escuchar durante dos horas los argumentos de defensores migratorios y del gobierno en una audiencia celebrada en San Francisco. El fallo fue confirmado por el canciller hondureño Javier Bu Soto.
“Las condiciones no son aptas para regresar”
Durante la audiencia, los demandantes aseguraron que las condiciones en sus países no permiten un retorno seguro, y señalaron que la intención de cancelar el TPS durante el mandato de Donald Trump tuvo tintes raciales.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, estuvo presente en la sala y relató: “El gobierno de Trump no tenía respuestas claras. Los abogados argumentaron que sus decisiones eran políticas y no respondían a la realidad de quienes llevan años en EE. UU.”
También se pidió una prórroga de al menos seis meses más, para dar tiempo a que los beneficiarios exploren caminos legales que les permitan permanecer en el país, algunos de ellos con más de dos décadas viviendo en suelo estadounidense.
Trump y las decisiones contra migrantes
El TPS ha sido una de las figuras más atacadas por el expresidente Trump, quien canceló esta protección a miles de migrantes de distintos países, incluyendo 350 mil venezolanos, 160 mil ucranianos y más de medio millón de haitianos.
Además, recientemente, un tribunal en Massachusetts bloqueó una orden ejecutiva de Trump que buscaba quitar la ciudadanía automática por nacimiento a los hijos de migrantes. El juez federal Leo Sorokin reafirmó que dicha orden no puede aplicarse, al menos por ahora.
Un nuevo plazo, pero sin garantía
La nueva extensión del TPS hasta el 18 de noviembre de 2025 representa una victoria parcial para las comunidades afectadas. Sin embargo, no garantiza la permanencia a largo plazo de estas personas. La esperanza está ahora puesta en cambios legislativos o nuevas decisiones judiciales que brinden una solución definitiva.
