¡Escándalo en EU! La nueva propuesta que podría cambiar el destino de miles de migrantes y desatar una ola de racismo y discriminación. ¿Qué hay detrás de esta iniciativa que pone precio a la cabeza de los migrantes? Te lo contamos a continuación.
Recientemente, un grupo de legisladores republicanos en Estados Unidos ha dado un paso controversial al presentar una propuesta que promete recompensar a los ciudadanos con mil dólares por cada denuncia sobre migrantes indocumentados. Esta propuesta es presentada por el legislador Justin Keen de Misisipi, quien busca incentivar a la ciudadanía para que colabore con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), facilitando la captura de migrantes ilegales.
Pero, como era de esperarse, esta propuesta ha generado una gran polémica, ya que pone en riesgo la seguridad pública y podría desencadenar una oleada de racismo y xenofobia. Michelle Mittelstadt, directora de comunicación del Instituto de Política Migratoria (MPI), advirtió que esta propuesta podría resultar en perfiles raciales y discriminación, al incentivar a las personas a denunciar a aquellos que, por su aspecto o acento, consideren como migrantes indocumentados.
Lo que parece ser una medida para fortalecer la seguridad pública está recibiendo fuertes críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, quienes argumentan que esta iniciativa no resolverá la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos. Por su parte, los legisladores republicanos defienden la propuesta asegurando que es una forma de reforzar las políticas de control migratorio.
La propuesta no solo contempla recompensas económicas, sino que también introduce el concepto del “Programa de Cazarrecompensas Certificado para Extranjeros Ilegales”, un sistema mediante el cual se otorgarán certificados a quienes colaboren en la detención de migrantes. Esta medida se presenta como una incentivación adicional para que los ciudadanos tomen parte activa en la persecución de los inmigrantes ilegales.
Lo curioso es que esta iniciativa llega en un momento particularmente delicado. Apenas días antes, Donald Trump firmó la promulgación de la Ley Laken Riley, que tiene como objetivo detener a los migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos graves como robo o asalto. Sin embargo, tanto legisladores demócratas como organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que ninguna de estas leyes abordará la raíz del problema migratorio, sino que simplemente agravará la situación.
Por si fuera poco, en su regreso a la Casa Blanca, Trump no ha perdido el tiempo y ha firmado varias órdenes ejecutivas para reducir el flujo migratorio, algunas de las cuales permiten la detención de migrantes en lugares “protegidos” como iglesias y hospitales. Además, el presidente ha declarado el estado de emergencia en la frontera sur de su país y ha ordenado el envío de mil 500 militares para frenar lo que él llama una “invasión de migrantes”.
Este enfoque ha provocado tensiones entre los gobiernos de México y Canadá, quienes han sido presionados para fortalecer sus propias fronteras con elementos militares, como parte de un acuerdo con Trump. ¿Es esto el principio de un endurecimiento aún mayor de las políticas migratorias en todo el continente?
La iniciativa de los republicanos no solo está reabriendo el debate sobre la seguridad nacional y la inmigración, sino que también ha encendido la alarma en todo el país sobre las posibles repercusiones de estas políticas en la convivencia social. Se espera que, de aprobarse, esta propuesta no solo afecte a miles de migrantes, sino también a la sociedad en su conjunto, con consecuencias que podrían durar mucho más allá de la política actual.
