Durante 2026, en el segundo mandato del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha experimentado un giro radical en su política migratoria caracterizado por medidas restrictivas, deportaciones masivas y el cierre de vías legales de entrada.
Según el informe, la administración ha impulsado una cruzada contra la migración que incluye la firma de 38 órdenes ejecutivas y más de 500 acciones administrativas centradas en expulsar personas sin estatus legal, cerrar fronteras y cancelar programas de protección humanitaria, como el TPS (Estatus de Protección Temporal) y opciones de permiso humanitario.
Las cifras revelan que, en este contexto, más migrantes han abandonado Estados Unidos que los que han llegado, reflejando una dinámica inédita que se aleja del tradicional rol del país como destino migratorio. Además, las operaciones de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza han generado miedo e indignación en comunidades migrantes y defensores de derechos humanos.
La política también ha incluido restricciones drásticas de visados, priorizando acceso a ciudadanos de países occidentales y excluyendo a personas de numerosos países no occidentales, lo que altera la composición de flujos migratorios hacia el norte.
Organizaciones defensoras de migrantes han señalado que estas medidas y la intensificación de las redadas y detenciones han contribuido a una percepción de inseguridad entre las comunidades latinas y migrantes dentro de Estados Unidos, además de provocar protestas y movilizaciones en diversas ciudades ante el llamado “lado oscuro” de las acciones de control migratorio.
Este cambio profundo en la política migratoria de Estados Unidos plantea nuevos desafíos para las comunidades migrantes, quienes enfrentan no solo una mayor posibilidad de detención y deportación, sino también un clima de incertidumbre y miedo que influye en las decisiones sobre sus proyectos de vida en ese país.
