Durante el primer año del regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, las detenciones de migrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se incrementaron considerablemente, y la mayoría de las personas arrestadas no tenían antecedentes violentos, según datos difundidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reportados por medios que analizan cifras oficiales.
Un informe interno divulgado recientemente indica que, entre enero de 2025 y enero de 2026, casi 400 000 personas fueron detenidas por ICE en el país. De ese total, cerca del 86 % no tenía historial de delitos violentos ni cargos por crímenes graves al momento de su arresto.
Los registros muestran que aunque el número total de arrestos creció en comparación con años anteriores, menos del 14 % de los detenidos tenía condenas o cargos por delitos violentos como homicidio o agresión sexual, mientras que otros cargos relacionados con inmigración o infracciones menores fueron más comunes entre quienes fueron capturados.
Este aumento en las detenciones también se da en un contexto donde la política migratoria del gobierno ha enfatizado una aplicación más amplia de las leyes de inmigración en el interior del país, no solo en la frontera, con arrestos que ocurren en ciudades, trabajos y otros lugares fuera de los cruces fronterizos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que este tipo de cifras refleja un cambio en las prácticas de enforcement de migración, donde el enfoque no se limita a personas con antecedentes criminales y puede incluir a quienes solo enfrentan violaciones migratorias civiles, como estancia irregular o exceso de estadía.
Las cifras oficiales continúan siendo objeto de debate, y distintos grupos analíticos señalan la importancia de monitorear cómo estos cambios en las detenciones migratorias afectan a las comunidades, el acceso a procesos legales y las condiciones de las personas bajo custodia.
