Los recientes encuentros diplomáticos entre Chile y Perú han escalado la discusión sobre la migración en América Latina, especialmente en relación con los flujos hacia Estados Unidos y el manejo de fronteras. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el mandatario interino peruano, José Jerí, anunciaron la intención de crear un gabinete binacional que coordine esfuerzos contra el crimen organizado y la migración irregular, una respuesta a la creciente presión de migrantes en la frontera norte chilena.
La reunión llega en un momento de alta tensión. A finales de 2025, Kast había advertido que cientos de miles de venezolanos en situación irregular en Chile debían abandonar el país antes de que iniciara su mandato, una postura que reavivó tensiones con Perú, tradicional país de tránsito hacia el norte.
Perú, que alberga a más de un millón y medio de migrantes venezolanos, ha aceptado dialogar sobre mecanismos de cooperación, aunque sus autoridades reconocen que la capacidad de acogida está rebasada. Esta situación contrasta con la limitada infraestructura y recursos disponibles para atender necesidades básicas en zonas fronterizas.
Durante las declaraciones públicas, Jerí subrayó que “somos países vecinos con profundos lazos históricos y comerciales” y que la cooperación conjunta no solo debe enfocarse en orden público, sino también en rutas legales que dignifiquen la migración. Kast, por su parte, planteó la necesidad de trabajar hombro a hombro para frenar el crimen transnacional, que se aprovecha de los flujos migratorios irregulares para fortalecer redes ilícitas.
La propuesta de un corredor humanitario regional para retornar a migrantes en situación irregular ha generado debate y preocupación en sectores sociales, que advierten sobre posibles consecuencias humanas y sociales si las expulsiones masivas no se acompañan de rutas seguras y mecanismos de protección.
Las opiniones dentro de Perú también son diversas. Algunos políticos han cuestionado la idea de permitir que migrantes expulsados de Chile ingresen por la frontera sur peruana, citando riesgos para comunidades locales. Otros analistas advierten que sin un enfoque integral que incluya condiciones económicas y de seguridad en los países de origen, cualquier intento de contención será limitado en su impacto.
Con miras al 2026, este gabinete binacional no solo apunta a coordinar estrategias de control migratorio, sino también a enfrentar desafíos estructurales que obligan a miles a emprender rutas hacia el norte, incluyendo Estados Unidos. La región se prepara así para enfrentar no solo cifras crecientes de migrantes, sino también las consecuencias humanas, sociales y políticas de decisiones que marcarán la agenda migratoria por años.
