La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes la reanudación de operaciones migratorias “floater” en Los Ángeles, levantando temporalmente una suspensión que prohibía arrestos basados en apariencia, idioma o ubicación laboral. La decisión cuenta con el respaldo de seis jueces conservadores, mientras que las tres juezas progresistas expresaron su disenso, denunciando violaciones a derechos civiles.
El fallo revoca una decisión anterior emitida por la jueza federal Maame E. Frimpong, quien calificó los arrestos por perfiles como inconstitucionales. La resolución de máxima instancia judicial se aprobó sin motivación pública, aunque uno de los magistrados conservadores justificó que la alta población indocumentada en Los Ángeles requería una flexibilización de los operativos.
Organizaciones de derechos civiles y autoridades locales han condenado la medida, señalando que reanudar estas acciones generará temor entre comunidades con presencia migrante consolidada. Defensores advierten que esta decisión aviva la vulnerabilidad y desconfianza hacia el sistema, especialmente tras haber ganado espacios de protección en tribunales inferiores.
Pese al levantamiento de la suspensión, el proceso legal continúa activo. La Corte de Apelaciones está revisando el fondo del caso, y existe la posibilidad de que se emita un nuevo fallo en contra de los arrestos por perfil, dependiendo del avance y los argumentos presentados por las partes involucradas.
Este escenario revela la tensión persistente entre las políticas migratorias federales y la defensa de los derechos civiles. Mientras el gobierno argumenta que estas herramientas fortalecen la seguridad, comunidades y autoridades progresistas advierten: si no hay criterios claros y transparentes, se abona a una política migratoria que erosiona la cohesión social.
