Estados Unidos deportó este miércoles a 197 ciudadanos venezolanos, incluidos cuatro menores de edad, en un vuelo que partió desde El Paso, Texas, con destino a Caracas. Entre los repatriados se encontraban 178 hombres, 14 mujeres y un adolescente, en lo que se considera uno de los operativos de retorno más grandes del año.
Esta acción forma parte del acuerdo bilateral entre ambos gobiernos para facilitar las deportaciones y está enmarcada en el programa venezolano conocido como “Gran Misión Vuelta a la Patria”. A través de esta iniciativa, más de 12 mil venezolanos han sido repatriados en lo que va de 2025, distribuidos en más de 70 vuelos.
Aunque estas medidas responden a políticas migratorias de control, también exponen a los migrantes a riesgos significativos: separación familiar, procesos de reintegración forzada y, en muchos casos, regreso a condiciones de vida que motivaron su salida inicial. Los menores de edad deportados evidencian la vulnerabilidad de quienes emprenden estos viajes.
El impacto de estas deportaciones no termina con el aterrizaje. Muchas personas regresan sin redes de apoyo ni garantías de empleo, vivienda o acceso a servicios básicos. En un país con una situación económica aún frágil, la capacidad de absorción de estas poblaciones retornadas es limitada, lo que genera tensiones sociales y económicas adicionales.
Por otro lado, este tipo de acciones envía un mensaje claro a quienes aún se encuentran en tránsito hacia la frontera estadounidense. A pesar de los riesgos y el endurecimiento de políticas migratorias, los flujos no se detienen, lo que evidencia la persistente presión migratoria que enfrenta la región.
El caso de estos 197 venezolanos —incluyendo niños— subraya la dimensión humana de la migración. Más allá de cifras o vuelos, cada retorno forzado representa un quiebre personal. En un contexto donde los países receptores fortalecen sus controles, los desafíos para quienes migran —y para los que los reciben de vuelta— no harán más que crecer.
