En lo que va de 2025, El Salvador ha recibido 162 vuelos con ciudadanos deportados desde Estados Unidos, según datos oficiales divulgados por La Nación. La cifra posiciona al país como el cuarto en América Latina con más vuelos de retorno, solo detrás de Guatemala, Honduras y México. Los meses con mayor registro fueron junio y julio, con 22 vuelos cada uno, mientras que en agosto la cifra cayó a 12 vuelos.
Solo en noviembre se reportaron 14 vuelos, evidenciando que las deportaciones continúan de manera sostenida. A nivel regional, los vuelos con deportados desde Estados Unidos suman 12.213 en lo que va del año, un indicador que refleja la magnitud del fenómeno migratorio y los desafíos que enfrenta la región para gestionar el retorno de sus ciudadanos.
La cifra total de vuelos no revela la cantidad exacta de personas deportadas, pero autoridades como el viceministro hondureño de Diáspora y Movilidad Humana han reconocido haber recibido más de 10.000 deportados solo en su país. Esto evidencia que la migración irregular hacia Estados Unidos sigue siendo un fenómeno masivo, con consecuencias humanas y sociales importantes para las comunidades de origen.
El incremento de deportaciones genera presión sobre las autoridades locales, tanto en términos de recursos como de políticas de integración. En El Salvador, la cancillería anunció que el presupuesto destinado a la atención de la diáspora aumentará un 104% en 2026, buscando mejorar la asistencia a quienes retornan tras su paso por Estados Unidos.
Los riesgos que enfrentan los deportados son múltiples. Muchos llegan sin empleo, apoyo familiar o acceso inmediato a servicios básicos, lo que los coloca en situación de vulnerabilidad y puede fomentar la migración nuevamente, en un ciclo difícil de romper. Además, la llegada masiva de personas en corto tiempo impacta en la infraestructura social y los servicios locales.
Expertos en migración advierten que, aunque los vuelos reflejan un control más sistemático por parte de EE. UU., el fenómeno tiene efectos profundos en los países de origen. La separación familiar, la pérdida de ingresos y las dificultades para reintegrarse a la sociedad son solo algunos de los desafíos que enfrentan los deportados.
Con la previsión de que las deportaciones sigan en aumento y un presupuesto creciente para atender a la diáspora, El Salvador y la región enfrentan un desafío estructural de largo plazo: cómo ofrecer seguridad, empleo y acompañamiento a miles de personas que retornan, mientras se busca contener la migración irregular hacia Estados Unidos.
