Una jueza federal ordenó la suspensión temporal del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, una medida que había movilizado a unos 500 efectivos para apoyar labores de seguridad y control migratorio. El fallo, con una duración inicial de 14 días, respondió a la falta de pruebas sobre una supuesta “amenaza insurreccional” que el gobierno había citado como justificación. La decisión introduce una pausa inesperada en la estrategia federal que combina la aplicación de la ley con la contención de la migración irregular en grandes urbes estadounidenses.
El gobierno defendía el despliegue como un esfuerzo para “mantener el orden” y reforzar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sin embargo, la jueza argumentó que el Ejecutivo no puede actuar sin supervisión judicial, advirtiendo que la presencia de militares en calles civiles podría “echar más leña al fuego” en un contexto ya tenso. Para comunidades migrantes y defensores de derechos humanos, la medida judicial ofrece un respiro momentáneo ante lo que califican como una creciente militarización de la política migratoria.
El operativo suspendido involucraba a 200 tropas provenientes de Texas y 300 de Illinois, que iban a permanecer desplegadas durante 60 días. Durante ese periodo, organizaciones proinmigrantes alertaban sobre el riesgo de redadas más agresivas, detenciones arbitrarias y un clima de miedo en barrios con alta presencia latina. Con la pausa, cientos de familias indocumentadas ganan tiempo para asesorarse o buscar alternativas legales, aunque la incertidumbre sobre el futuro del despliegue sigue abierta.
A nivel político, el caso encendió las tensiones entre el gobierno federal y los estados gobernados por demócratas. Líderes locales sostienen que la Guardia Nacional no debe usarse para tareas migratorias y que las fuerzas policiales ya cumplen esa función. El gobernador de Illinois y otros mandatarios regionales calificaron la medida federal como un “uso excesivo del poder”, sumándose a las demandas que buscan frenar la intervención militar en asuntos civiles.
No obstante, la suspensión no elimina el riesgo. En Chicago persiste la presencia de agentes del ICE y personal de apoyo en zonas sensibles, lo que demuestra que el aparato de control migratorio continúa activo. Expertos advierten que este tipo de operativos, aunque se detengan temporalmente, pueden alterar las rutas migratorias hacia el norte, empujar a las personas a tomar caminos más peligrosos o fomentar la desconfianza hacia las autoridades locales.
La decisión judicial marca un punto de inflexión en la relación entre seguridad y migración en Estados Unidos. Si el gobierno apela y logra reactivar el despliegue, podría intensificarse la presión sobre las comunidades migrantes y los defensores que operan en ciudades santuario. Por ahora, la pausa otorga un respiro simbólico, pero también deja una advertencia clara: la frontera entre la protección ciudadana y la criminalización del migrante sigue siendo una línea cada vez más difusa.
