La mayoría de los migrantes refugiados en el campamento de Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se niega a ser trasladada al albergue Vasco de Quiroga en Tepito, pese a la advertencia de la Coordinación de Movilidad Humana del gobierno capitalino de que el asentamiento será desmantelado en los próximos días. La resistencia creció luego de que abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) lograron una suspensión definitiva que frena, al menos de momento, cualquier desalojo forzoso.
Durante un recorrido por el improvisado campamento, ubicado junto a las vías del tren, se observó cómo migrantes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Honduras confrontaron a los trabajadores del gobierno. Denunciaron la insistencia por trasladarlos sin ofrecer alternativas reales, exigiendo tres meses más para poder completar su regularización migratoria a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y permitir que los niños concluyan su ciclo escolar.
Los migrantes también pidieron ser incluidos en programas sociales que les permitan rentar un cuarto y obtener documentación oficial para buscar empleo formal. “Aquí, aunque vivimos entre lonas y cartón, nadie nos humilla. En los albergues prometen mucho y no cumplen. Uno duerme con hambre”, relató Xiomara, una venezolana que lleva ocho meses en el campamento junto a su familia, donde asegura sentirse más tranquila pese a las condiciones precarias.
El titular de Movilidad Humana, Temístocles Villanueva, confirmó que durante el fin de semana unas 50 personas aceptaron ser trasladadas voluntariamente al albergue Vasco de Quiroga, pero todavía faltan más de 300. Además, indicó que existe una coordinación con la embajada de Venezuela en México para facilitar vuelos de retorno voluntario, dada la creciente demanda de migrantes que desean regresar a su país natal.
Villanueva recalcó que el operativo sólo contempla traslados voluntarios y que ningún ranchito es removido sin el consentimiento y la firma de sus habitantes. Aseguró también que los niños trasladados recibirán transporte escolar para no interrumpir sus estudios, ya que el albergue está a solo 15 minutos de sus actuales escuelas. El gobierno insiste en que pueden ofrecer mejores condiciones en los albergues que en la vía pública.
Sin embargo, el funcionario admitió que la desconfianza de los migrantes tiene raíces profundas: tras sufrir violencias durante su travesía hacia la Ciudad de México, muchos ven en los albergues una repetición de abusos. “La paciencia y la confianza son claves en este proceso”, concluyó Villanueva, mientras las autoridades siguen negociando con cientos de familias que, entre el miedo y la esperanza, prefieren sus ranchitos improvisados antes que nuevas promesas rotas.
