Un informe reciente de la organización binacional Iniciativa Kino para la Frontera reveló que más del 44 % de los migrantes deportados desde Arizona en los últimos tres meses habían residido en Estados Unidos por más de diez años. En muchos casos, estas personas dejaron atrás familiares cercanos: esposas, hijos o padres.
El estudio, llamado “Ni Siquiera Me Dejaron Decir Adiós”, encuestó a 278 migrantes deportados, de los cuales el 85 % eran hombres. Aproximadamente la mitad de los arrestos ocurrió fuera de las cortes de inmigración, muchas veces en las calles o por redadas territoriales.
Otro 33 % de los casos reportados involucró cooperación entre ICE y autoridades locales; por ejemplo, algunos migrantes fueron detenidos por infracciones de tráfico y luego puestos en manos de los agentes migratorios. Además, aunque la mayoría de los arrestos se dieron en Arizona, también hubo casos desde estados como California, Texas, Washington y Florida.
Los encuestados relatan experiencias duras: maltrato durante las detenciones, múltiples traslados a centros de detención en diferentes estados, y periodos sin contacto claro con sus familias. En muchos casos, los migrantes no tuvieron oportunidad de despedirse o estar advertidos de su situación.
Este patrón subraya los profundos impactos personales de las deportaciones para quienes ya han echado raíces en EE.UU.—no solo en términos legales, sino emocionales: perder trabajo, hogar y unidad familiar. Aunque cada caso es distinto, estos datos invitan a reflexionar sobre las consecuencias humanas más allá de la política migratoria.
Para quienes estén en situación migratoria irregular, estos relatos pueden servir como advertencia: vivir por mucho tiempo en EE.UU. no garantiza protección contra deportaciones.
