El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva regulación que permitirá negar el asilo y la suspensión de deportación a migrantes considerados una amenaza para la seguridad nacional o la salud pública, especialmente en situaciones de emergencia sanitaria.
La normativa, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), autoriza a las autoridades a considerar como motivo para rechazar una solicitud de asilo riesgos significativos de salud pública, además de los tradicionales motivos de seguridad, ampliando la discreción de los oficiales migratorios al evaluar casos individuales.
Aunque la regulación no elimina el asilo como figura legal, endurece los criterios de elegibilidad para quienes buscan protección en Estados Unidos, basándose en estándares asociados a riesgos sanitarios y a posibles amenazas a la seguridad, lo que representa un cambio en la forma en que se revisarán las solicitudes de protección humanitaria.
Especialistas y grupos defensores de migrantes han señalado que medidas de este tipo (similar a las herramientas usadas durante la pandemia de COVID-19) podrían usarse para restringir el acceso al asilo de forma más amplia, incluso cuando no exista una emergencia sanitaria claramente declarada, y generar incertidumbre entre quienes esperan respuestas a sus procesos migratorios.
La nueva regla se suma a un conjunto de políticas recientes que han buscado ajustar el acceso al asilo y otras formas de protección en Estados Unidos, influenciando la percepción y las expectativas de miles de personas que intentan solicitar refugio o protección humanitaria en el país.
