El gobierno de Donald Trump desató una nueva polémica nacional al declarar a la ciudad de Chicago como “zona de guerra”, medida con la que autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional. Esta acción, sin precedentes en el contexto migratorio, marca una escalada federal en su ofensiva contra la migración irregular, particularmente en ciudades que han adoptado políticas más permisivas hacia los migrantes.
La declaración ha generado fuertes reacciones, sobre todo porque se impuso sin el consentimiento de las autoridades locales. El argumento oficial apunta al aumento del crimen y la falta de cooperación por parte del gobierno de la ciudad, pero diversos sectores lo ven como una excusa para avanzar en operativos masivos de detención migratoria. Chicago, junto con otras ciudades santuario, ha sido un blanco constante de las políticas antiinmigrantes desde el primer mandato de Trump.
Uno de los operativos más impactantes se llevó a cabo en un complejo de apartamentos, donde las fuerzas federales descendieron desde helicópteros, rodearon el perímetro y realizaron arrestos vivienda por vivienda. En total, 37 personas fueron detenidas, entre ellas varios niños. Se reportó que algunos migrantes fueron inmovilizados con bridas y separados temporalmente de sus familiares durante el procedimiento.
Desde el inicio de esta nueva ofensiva, se estima que más de 1.000 migrantes han sido detenidos solo en el área metropolitana de Chicago. Muchos de ellos carecen de antecedentes penales y se encontraban en procesos de regularización o solicitando asilo. La estrategia no distingue entre quienes cruzaron recientemente la frontera y aquellos que llevan años establecidos en la ciudad, lo que ha generado un clima de miedo en las comunidades migrantes.
Más allá de Chicago, se anticipa que estas medidas se extenderán a otras ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Denver, todas con políticas locales que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales. El gobierno federal ya ha advertido que no se detendrá ante “obstáculos ideológicos” y que los operativos continuarán mientras se mantenga la “crisis migratoria”.
Esta situación ha dejado a miles de migrantes latinoamericanos en un estado de vulnerabilidad extrema. Muchos temen salir de sus casas, acudir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela por miedo a ser detenidos. La criminalización de comunidades enteras y el uso de estrategias militares para hacer cumplir leyes migratorias colocan a las familias migrantes en el centro de un conflicto cada vez más hostil.
El riesgo de que esta política se generalice es alto. Si otras ciudades son también declaradas “zonas de guerra”, lo que comenzó como un esfuerzo de control migratorio puede transformarse en una crisis humanitaria nacional. Y mientras el discurso político se endurece, son las familias migrantes las que siguen pagando el precio más alto.
