En medio de esfuerzos por contener el incendio Bear Gulch, que ha devastado más de 9,000 acres en la península Olímpica de Washington, dos bomberos migrantes fueron arrestados por agentes de la Patrulla Fronteriza durante sus labores.
El operativo se realizó tras una solicitud del Bureau of Land Management (BLM) para verificar la identidad de todos los miembros de una cuadrilla de 44 personas, contratistas privados que trabajaban en una zona remota. Dos de ellos resultaron estar en el país de forma irregular; uno de ellos tenía una orden de deportación previa.
Testigos en el lugar describieron cómo agentes en vehículos sin identificar exigieron presentación de documentos y retuvieron a los bomberos durante más de tres horas. “Arriesgamos nuestra vida para salvar a la comunidad. ¿Así nos tratan?”, declaró uno de los compañeros que prefirió mantenerse anónimo.
La reacción política fue inmediata: la senadora Patty Murray criticó el operativo, calificándolo como “inmoral y peligroso” en medio de una emergencia que requiere unidad en vez de divisiones.
Este incidente pone en tensión dos prioridades: por un lado, las leyes migratorias, y por el otro, la necesidad de salvaguardar la seguridad de comunidades enteras. Aunque las autoridades insistieron en que la operación no afectó la respuesta al incendio, la detención de personas que arriesgan su vida por proteger a otros ha generado indignación.
Este caso evidencia un dilema que enfrenta mucha gente: incluso quienes están dispuestos a arriesgarse por ayudar a otros pueden ser detenidos o deportados.
