Un tribunal de apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos resolvió que el gobierno de Donald Trump puede poner fin a las protecciones otorgadas a cerca de 430,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Estas protecciones, establecidas durante la Administración Biden, permitían permisos condicionales humanitarios con derecho a trabajar.
Estos permisos protegían a quienes habían llegado legalmente al país, ofreciendo estabilidad y acceso laboral por períodos específicos. Ahora, el gobierno anunció en marzo que rescindirá esas protecciones, lo que implica que muchos de esos migrantes podrían perder su estatus legal.
El fallo levantó una suspensión previa dictada por una corte de distrito que había impedido revocar las medidas para todos por igual. La Corte de Apelaciones determinó que, aunque el riesgo de daño para los afectados es real, ese riesgo por sí solo no justifica mantener las protecciones mientras el caso legal continúa.
Organizaciones defensoras de los migrantes expresaron que esta decisión afecta severamente a personas que cumplieron con las condiciones legales exigidas para el permiso. Muchos ya establecieron vidas, trabajos y familias, y se enfrentan ahora a la incertidumbre sobre si podrán permanecer en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia, por su parte, ha sostenido que estas protecciones eran temporales desde un principio y que tiene autoridad para revocarlas. Sin embargo, los afectados y sus abogados argumentan que la revocación masiva representa un cambio profundo e inesperado en sus vidas.
Este fallo abre un periodo de transición incierto: algunos podrían tener que abandonar el país si no califican para otras vías legales, enfrentar deportaciones, o quedar en situaciones vulnerables.
