Washington, – Niños migrantes no acompañados, de entre 14 y 17 años, ahora están recibiendo una inesperada pregunta por parte de las autoridades migratorias en EE. UU.: “¿Quieres regresar voluntariamente a tu país?”. La nueva política, impulsada por el actual gobierno estadounidense, busca acelerar deportaciones en medio de su más reciente ofensiva migratoria.
Según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), agentes fronterizos han recibido instrucciones de preguntar a ciertos menores si desean salir por cuenta propia del país, una opción conocida como “autodeportación”. Esta medida marca un giro en el protocolo habitual, que hasta ahora daba prioridad a la protección y resguardo de menores sin acompañante, entregándolos al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Hasta este mes, la pregunta solo se aplicaba a niños procedentes de México y Canadá, por tratarse de países vecinos. Pero ahora, la opción se extiende a menores de otras nacionalidades, incluidos muchos provenientes de América Latina. Si aceptan irse, son transferidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Si ICE no los recoge en un plazo de 72 horas, el menor pasa bajo custodia de HHS.
Desde la administración se argumenta que se trata de una práctica amparada en la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata, con la finalidad de “priorizar el regreso de los niños a la seguridad de sus padres o tutores legales en sus países de origen”.
¿Qué implica esto para los menores?
Expertos en derechos infantiles han mostrado preocupación por los alcances de esta nueva directiva. “Un niño no está en condiciones de entender lo que implica autodeportarse, especialmente sin la guía de un abogado”, advirtió Neha Desai, del National Center for Youth Law.
Además, varios informes señalan que estas decisiones podrían tomarse sin evaluaciones adecuadas sobre si los menores enfrentan riesgos en sus países de origen, o si fueron víctimas de trata, violencia o persecución.
Más presión sobre las familias migrantes
Esta medida forma parte de una campaña más amplia de deportaciones, en la que incluso familias con estatus migratorio mixto han optado por abandonar voluntariamente el país, ante el temor de ser separados o detenidos.
También se han reportado nuevas restricciones para los llamados patrocinadores (personas que reciben a los menores, generalmente familiares), incluyendo inspecciones más rigurosas y participación de agencias de seguridad durante el proceso. Para muchos expertos, esto podría aumentar el miedo en comunidades migrantes que ya viven en incertidumbre.
Mientras tanto, los niños migrantes, considerados una de las poblaciones más vulnerables, enfrentan ahora decisiones complejas, sin claridad legal ni apoyo garantizado.
