En Los Ángeles, el Home Depot de Wilshire se ha convertido en un punto de alto riesgo para jornaleros migrantes, quienes diariamente acuden en busca de empleo. El lugar es ahora identificado por trabajadores y organizaciones como “zona cero” de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), operaciones que, según denuncias, se realizan sin orden judicial y con uso de engaños para capturar a decenas de personas.
Federico Ordoñez, originario de Guatemala y residente legal en la ciudad desde hace 24 años, trabaja como jornalero y lidera a un grupo de migrantes que esperan contratos temporales en el sitio. Aunque su estatus migratorio es regular, reconoce que el miedo se ha extendido: “Ya no vivimos tranquilos buscando trabajo. Incluso ciudadanos han sido detenidos sin preguntarles sus papeles”, afirma.
Operación “Caballo de Troya”
La más reciente redada, ocurrida el 6 de agosto, fue descrita por el Departamento de Seguridad Nacional como la operación “Caballo de Troya”. Testigos relataron que dos camiones de mudanza se estacionaron frente a la tienda simulando buscar mano de obra. Cuando los jornaleros se acercaron, agentes encubiertos procedieron a detenerlos. Dieciséis personas fueron arrestadas, la mayoría originarias de Nicaragua, Guatemala y México.
Resistencia y vigilancia comunitaria
Ante este escenario, grupos de defensa comunitaria han organizado guardias permanentes en el Home Depot de Wilshire. Con teléfonos celulares, monitorean los movimientos de agentes del ICE que salen del Centro de Detenciones, alertando a trabajadores y vecinos sobre posibles operativos.
Kevin, uno de los voluntarios, explicó que la presencia de estas brigadas busca dar confianza a la comunidad: “Este Home Depot está en una comunidad de jornaleros y queremos que ellos sientan seguridad para seguir encontrando trabajo”.
El área, ubicada a pocas calles del parque MacArthur —otro punto de encuentro migrante—, ha sido escenario de operativos armados que generan temor en barrios compuestos mayoritariamente por recién llegados con documentos limitados, como pasaportes e identificaciones extranjeras. Pese a que existe una orden judicial que prohíbe redadas basadas en criterios raciales, defensores aseguran que los jornaleros siguen siendo altamente vulnerables.
