Migrantes que viven con alguna discapacidad enfrentan un profundo aislamiento en Estados Unidos debido al temor a operativos migratorios, lo que limita su acceso a apoyos y afecta su bienestar físico y emocional.
Quienes requieren silla de ruedas o prótesis suelen evitar salir de sus hogares por miedo a ser detenidos, lo que ha convertido el encierro en una forma de “protección” frente a la amenaza de redadas. Este temor también dificulta que accedan a servicios básicos, terapias de rehabilitación o acompañamiento especializado necesarios para su salud.
No existen cifras oficiales precisas sobre cuántos migrantes en situación irregular viven con alguna discapacidad, pero organismos internacionales estiman que alrededor del 15 % de las personas desplazadas forzosamente presentan algún tipo de discapacidad, lo que da una dimensión del fenómeno global.
La falta de estatus legal agrava la situación, ya que limita el acceso a atención médica continua y a apoyos especializados, dejando a muchas personas sin servicios esenciales. Ante esta realidad, organizaciones civiles han reforzado esfuerzos para visibilizar las necesidades de este grupo, ofrecer acompañamiento y buscar canales de apoyo con consulados, redes de abogados y otras instituciones solidarias.
Especialistas insisten en que la discapacidad no debe traducirse en exclusión o abandono, sino que debe garantizarse dignidad y acceso seguro a servicios básicos, incluso en contextos de incertidumbre migratoria donde persiste el miedo a enfrentarse a la vigilancia o detención.
