Un tribunal federal de Estados Unidos emitió una orden de emergencia que detuvo las deportaciones de al menos diez niños guatemaltecos no acompañados, justo cuando estaban siendo trasladados en vuelos hacia su país. Estas acciones marcan un nuevo episodio en el enfrentamiento entre políticas migratorias agresivas y los derechos legales que protegen a los menores migrantes.
La magistrada Sparkle L. Sooknanan otorgó una suspensión temporal de 14 días a la orden de expulsión, extendiendo la protección a todos los menores guatemaltecos bajo custodia federal sin órdenes de deportación finalizadas. La decisión se dio justo cuando los niños estaban en aviones con motores encendidos y listas de pasajeros en mano.
Organizaciones defensoras de migrantes, como el National Immigration Law Center y el Young Center for Immigrant Children’s Rights, impugnaron la medida argumentando que el gobierno violaba derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso y las protecciones especiales contempladas bajo la ley estadounidense para menores no acompañados. Algunos de los niños incluso estaban siendo despertados en plena madrugada para ser enviados sin previo aviso.
Aunque las autoridades aseguran que el objetivo era reunir a los niños con familiares que solicitaron su retorno, las agrupaciones defensoras contestan que muchos tienen casos activos de protección o asilo y que podrían enfrentar peligro, abuso o abandono si eran regresados sin evaluarse cada situación individualmente.
Este caso refleja la vulnerabilidad crítica de los menores migrantes y cómo, sin una revisión legal adecuada, gestiones de deportación aceleradas pueden ignorar las garantías de protección que la ley y el Congreso ofrecen expresamente a este grupo. El conflicto también subraya la necesidad de transparencia: la orden judicial llegó mientras los vuelos ya estaban preparados para partir desde Texas.
En los próximos días se llevarán a cabo audiencias legales que definirán si las deportaciones continúan o si alguna de estas familias podrá tener un proceso humanitario o de protección. Este episodio demuestra que la protección de los menores requiere vigilancia judicial activa y que su seguridad no debe subordinarse a agendas migratorias aceleradas.
